Tras un complejo proceso legal que ha durado casi una década, la Audiencia Nacional ha terminado condenando a los líderes de una estafa piramidal a nivel mundial, que estafó a miles de personas en todo el mundo, a las que robaron más de 31 millones de euros.
La compañía prometía ingresos pasivos a través de un falso negocio de aparatos GPS. La Justicia española ha condenado a su principal cara visible, a una pena de hasta 10 años y medio de cárcel.
Una estafa en diferentes países
Esta estafa estalló en España en 2014, pero antes había estado en Brasil y Portugal. Precisamente, otro de los condenados es un cabecilla de la Iglesia Católica Ortodoxa portuguesa, que actuó como testaferro y blanqueó parte del botín de los estafadores.
El juez calcula que la estafa piramidal ha dejado un agujero de 31,7 millones de euros y un reguero de 6.400 víctimas, repartidas en varias decenas de países. Concretamente, la investigación policial efectuada por la Guardia Civil, señala que había hasta 10.500 afectados en 33 países. Hay medios de comunicación internacionales que indican que la cifra alcanza hasta las 300 mil personas estafadas.
Según apunta la sentencia, esta estafa procede de otra similar que se investiga en los tribunales de Brasil. Este entramado ha ido mutando de nombre. La Justicia señala que a pesar del cambio de imagen, el negocio seguía siendo una estafa multinivel que aparentaba ser el negocio del siglo.
La pena que impone la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional establece que los condenados tienen que indemnizar a los afectados, pero no aporta una cifra exacta porque para ejecutarse la sentencia, primero la Sala Penal del Tribunal Supremo tiene que estudiar y resolver todos los recursos que se vayan presentando en las próximas fechas.
“La pena que la Audiencia Nacional impone en casos de estafa piramidal oscila de los 10 a los 15 años, la misma con la que se castiga un homicidio. Esto da una idea de lo grave y dañina que se consideran estas conductas para la economía y para el patrimonio de las víctimas”, sostiene Carlos Aránguez, abogado y fundador de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas.